LA “NOTICIA FALSA” SOBRE LOS CONCEJALES DE PIEDECUESTA QUE RESULTÓ NO SERLO
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LA “NOTICIA FALSA” SOBRE LOS CONCEJALES DE PIEDECUESTA QUE RESULTÓ NO SERLO

Nov 03 Escrito por 
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Desde hace varios días entre los círculos políticos y los habitantes del municipio de Piedecuesta circuló una información sobre algunos concejales de ese municipio, curiosamente antes del debate donde se debía aprobar el Proyecto 025 y 029 de la Administración municipal que trata sobre vigencias futuras y adición de recursos al presupuesto, respectivamente.

 

En el texto que circulo por redes sociales y por la aplicación whatsapp, se hablaba de una posible sanción por parte dela Procuraduría hace concejales de Piedecuesta que se nieguen a votar los Proyectos de Acuerdo sin justificación alguna.

El debate de estos dos Proyectos se realizó el pasado jueves 2 de noviembre a las 4 de la tarde, y tal como lo dijo el texto que circuló en redes, esos proyectos fueron hundidos por los 9 concejales que se mencionaba allí.

El mencionado texto precisaba que si los concejales se negaban a votar sin justificación alguna, éstos podrían ser objeto de una investigación por parte de la Procuraduría y se expondrían a una sanción e incluso a una destitución de sus cargos. El texto no hablaba del sentido que los votos debían tener sino que debían ser votados ya sea negativa o positivamente, y no como lo hicieron cuatro concejales cuando uno de estos proyectos pasó a comisión, que no quisieron votarlos y no dieron razón válida alguna para no hacerlo.

El Periódico La Reforma pudo confirmar que lo que decía el texto enviado por redes sobre la sanción de unos concejales del municipio de la Calera por este mismo comportamiento que están teniendo algunos concejales de Piedecuesta, es cierto.

Periodista de este medio de comunicación se dieron a la tarea de investigar ante el Ministerio de Hacienda esta noticia, y efectivamente la sanción existe por parte de la procuraduría a varios concejales del municipio de la Calera (Cundinamarca) a quienes les dieron 10 años de inhabilidad y la destitución de sus cargos por retardar injustificadamente el trámite de los Proyectos de acuerdo para adicionar recursos al presupuesto del municipio.

Esta respuesta se derivó luego de que el alcalde del municipio del Cerrito (Santander) en el año 2008, Hugo Fernández Jaimes, elevó una consulta al Ministerio de Hacienda sobre si podía “adicionar recursos al presupuesto por Decreto ante la omisión del Concejo Municipal de dar trámite y aprobar los proyectos presentados”, a lo que el ministerio contestó lo siguiente:

“En primer lugar es importante anotar que al tenor de lo previsto en los artículos 352 y 353 de la Constitución Política, en materia presupuestal las entidades territoriales se encuentran sujetas a los principios contenidos en la Carta Política, a las normas presupuestales que con carácter territorial han debido expedirse en armonía con lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto – Decreto 111 de 1.996 o por éste, en ausencia de las mismas.

 De conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 109 del Decreto 111 de 1.996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1.989, la Ley 179 de 1.994 y la Ley 225 de 1.995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, a más tardar el 31 de diciembre de 1996 las entidades territoriales debieron ajustar las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la ley Orgánica de Presupuesto, adaptándolas a la organización y condiciones de cada entidad territorial. En el evento en que no hubiesen expedido las normas, aplicarán lo dispuesto en la ley Orgánica de Presupuesto en lo que fuere pertinente.

Ahora bien, en relación con las modificaciones al presupuesto debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 79 a 82 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, así:

“ARTICULO 79. Cuando durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación se hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes. (Ley 38 de 1989, art.65).

ARTICULO 80. El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional, proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e Inversión. (Ley 38 de 1989, art.66, Ley 179 de 1994, art.55, incisos 13 y 17).

ARTICULO 81. Ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto, sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos a la ley de apropiaciones. (Ley 38 de 1989, art.67).”

ARTICULO 82. La disponibilidad de los ingresos de la Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será certificada por el contador general. En el caso de los ingresos de los establecimientos públicos la disponibilidad será certificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces.

La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será certificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo. (Ley 38/89, art.68; Ley 179/94, art.35)”

En consecuencia, no es posible que el alcalde municipal mediante decreto aperture créditos adicionales, si no cuenta previamente con facultades del concejo municipal, toda vez que la competencia o atribución es del órgano corporativo.

Y continúa la respuesta del ministerio con lo siguiente:

Sin perjuicio de lo anterior y considerando que en el caso planteado están dados los presupuestos y requisitos exigidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto para adicionar al presupuesto de rentas los recursos del Sistema General de Participaciones y que la omisión en que ha incurrido el concejo impide la ejecución de los recursos orientados a inversión social en el municipio, le recomendamos poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, la negativa de los concejales a tramitar los proyectos de adición, con el fin que se inicien las investigaciones que correspondan, se impongan las sanciones a que haya lugar y se evite en el futuro la ocurrencia de los mismos hechos que impiden el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales que le corresponden a la entidad territorial que usted representa”.

En consecuencia de lo anterior y como si el texto que circuló en redes lo hubieran sacado de esta misma carta, la respuesta dirigida al alcalde del municipio del Cerrito, termina diciendo lo de la sanción a los Concejales de la Calera, de esta manera.

“Vale la pena anotar que la Procuraduría Regional de Cundinamarca dentro del expediente radicado bajo el No. 040-2087 de 2005 confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años para el desempeño de cargos públicos a algunos concejales de la Calera por retardar injustificadamente el trámite de estudio y aprobación de los proyectos de acuerdo presentados para incorporar los recursos del Sistema General de Participaciones”.

LOS CONCEJALES NO APROBARON LOS RECURSOS DE ADICIÓN QUE ERAN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE.

Tal y como se leía en el texto que decían que era falso y resultó no serlo, nueve concejales se pusieron de acuerdo para hundir los Proyectos de Acuerdo de adición de recursos de donde iban a salir obras importantes para la población vulnerable y para la alimentación de los escolares del municipio, así como el transporte escolar para los niños de escasos recursos.

El Periódico La Reforma intentó hablar con algunos de los concejales que hundieron el proyecto, pero éstos se negaron a hablar sobre el particular.

 

La siguiente imagen es de la carta respuesta del Ministerio de Hacienda al municipio de Cerrito Santander.

 

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